LA INQUISICIÓN CHAVISTA: Historias de horror infinito

Crucifixiones, abusos sexuales, descargas eléctricas y centros clandestinos donde los adversarios del régimen terminan colgados hasta la muerte: Estos son algunos de los escalofriantes métodos de tortura practicada por el régimen chavista desde su llegada al poder en 1999, pero que a pesar de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del sábado, siguen funcionando a plenitud como si nada hubiera sucedido, especialmente en El Helicoide, el mayor centro de torturas del chavismo. Estos métodos sanguinarios eran ya conocidos desde hace tiempo y denunciados internacionalmente, pero el régimen siempre ha tratado de minimizarlos. Así sucedió, por ejemplo, con un informe presentado hace unas semanas por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que documento miles de casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dictadura chavista hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro”, aseguró en conferencia de prensa la presidenta de la Misión en esa oportunidad. Los métodos de tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y el diseño de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Maduro recuerdan a los utilizados por las sangrientas dictaduras comunistas de Cuba y Nicaragua, que sobrevivían únicamente - cual parásitos que son - gracias al petróleo que les regalaba Maduro, pero que, tras su caída, estos envíos han sido suspendidos. Los investigadores documentaron en esa ocasión los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas: Posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); -Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; Amenazas de muerte o de violencia adicional; Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; Estar encadenados colgados de los brazos durante largos períodos de tiempo. Las pruebas son contundentes: “los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del régimen para reprimir a la oposición”, afirmó la ONU en un informe. “Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció la presidenta de la Misión. Las conclusiones del informe muestran el papel del siniestro Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) “para llevar a cabo estos atropellos en la ejecución de un plan orquestado por el dictador Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición a su sangriento régimen, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado. Las torturas tenían lugar en El Helicoide, en Caracas, así como en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país. “Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas. También indicó que estas “casas de seguridad” son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM. La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales. Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga, considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos, también dependía directamente de Maduro. Pero tras la captura de este, se encuentra con paradero desconocido. Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al régimen. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”. El informe también cita al criminal Diosdado Cabello, poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin. El documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales por violaciones de los derechos humanos. Los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide’”, en la capital venezolana. Ex detenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos “tenían que orinar en botellas de plástico”, porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Pero había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para los detenidos que podrían pagar. “Tanto el Sebin como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añade. La misión, que ya presentó varios informes desde el 2020 haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, continúan hasta hoy. Y “tienen lugar en un clima de total impunidad”, apunto Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU. Cabe precisar que, desde su creación en el 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia. Basa sus conclusiones en miles de entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. “Venezuela sigue enfrentada a una profunda crisis de derechos humanos”, aseguró Valiñas en esa oportunidad. Otro engranaje clave del aparato de terror instaurado en Venezuela ha sido el sistema judicial. De acuerdo con los informes de la Misión, el Poder Judicial -progresivamente sometido al control del Ejecutivo- pasó de ser responsable por omisión, al facilitar la impunidad mediante la falta de investigación, a convertirse en un cómplice activo de la política del terror del régimen. No cabe duda que el demoledor informe de la ONU desenmascaro la brutalidad del chavismo, y lo desnudo frente al mundo como los asesinos que son. Lo triste es que, a pesar de la caída del sátrapa, su camarilla continua al frente del gobierno con la “bendición” de Trump, a quien por lo visto solo le interesa el petróleo, ignorando el sufrimiento de miles de venezolanos bajo el yugo chavista, que cual bestia herida, se niega a abandonar el poder.