Como sabéis, desde los felices tiempos del Virreynato, el Perú ha sido tierra de hombres y mujeres virtuosos, que la Iglesia Católica los convirtió en santos. Ahí están Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres o San Francisco Solano, por ejemplo. Sin embargo, como podéis imaginar, también ha habido de los otros, personas de los más ruines y despreciables que aspiran a imitarlos y engañar a los incautos. Mostrando un cinismo sin precedentes, con dulces palabras que esconden su maldad y afán de venganza, creen en pueden alcanzar la santidad, cuando en realidad son los representantes del demonio y están al servicio de sus intereses. En especial, nos referimos a Keiko Fujimori - la hija de un genocida condenado por Crímenes de Lesa Humanidad - quien, en plena campaña electoral para el ballotage a realizarse este 7 de junio, promete cosas que sabe que no tiene intenciones de cumplir y que, sin remordimiento alguno, ha dado a conocer que aspira “a gobernar como lo hizo su padre” en cuyo régimen dictatorial la represión, la desaparición de personas, el genocidio, las esterilizaciones forzadas y la corrupción fue algo sistemático, que su hija Keiko - conocida como la Señora K. como cabecilla de una organización criminal - pretende imitar. Cabe precisar que este apodo que la vincula estrechamente con la corrupción en el Perú, fue el término utilizado por el empresario Antonio Camayo para coordinar por teléfono una reunión en su casa entre Keiko Fujimori, y el ex juez de la Corte Suprema Cesar Hinostroza (quien fugo del país y actualmente se encuentra enfrentando un proceso de extradición en Bélgica). Hinostroza puso a disposición de Fujimori la extensa red de tráfico de influencias, favores y prebendas que manejaba dentro del Poder Judicial a cambio de que el fujimorismo, que tenía mayoría en el Congreso, lo promoviese como el futuro presidente de la Corte Suprema. Este intercambio de intereses tuvo su punto álgido cuando el recurso de Fujimori para que se archivasen las investigaciones cayó en sala de la Corte Suprema que presidía Hinostroza, pero este fue destituido antes de ver el caso, al descubrirse la trama de corrupción judicial a mediados del 2018. La red de jueces corruptos, llamada "los cuellos blancos del puerto" salió a la luz por una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que eran parte de una investigación a bandas de crimen organizado, y donde Hinostroza resultó ser un interlocutor en muchas de estos diálogos. En una de estas grabaciones se escuchaba a Camayo llamar a Hinostroza para advertirle que la "Señora K" quería reunirse con su él, y por si no le hubiese quedado claro, le agrega que es "de la fuerza número uno", en referencia a Fuerza Popular, el partido que dirige Fujimori y que era el primero en número de congresistas. La confirmación por parte de Camayo de que la "Señora K" era Keiko Fujimori va en línea con el testimonio brindado también por el ex presidente del Congreso Daniel Salaverry a los mismos fiscales. Según IDL-Reporteros, que hizo un seguimiento exhaustivo a las investigaciones, Salaverry declaró que Fujimori le pidió coordinar una reunión con Hinostroza, una versión que Keiko y sus seguidores más cercanos negaron reiteradamente. Pero el caso más resaltante que lo asocia con esas prácticas, fue precisamente el Caso Cocteles - donde era investigada por la financiación irregular de sus campañas electorales del 2011 y del 2016 - por los cuales incluso estuvo en prisión preventiva, en espera de un juicio que según todas las pruebas presentadas que demuestran su plena culpabilidad, iba a ser condenada a 30 años de cárcel, pero que una aberrante decisión del nefasto Tribunal Constitucional - cuyos integrantes fueron nombrados por el pacto mafioso del Congreso liderados por el fujimorismo - le devolvió el “favor”, anulando ilegalmente su juicio y decretando su libertad. Como recordareis, las investigaciones por este caso fueron iniciadas en el 2014 por el Equipo Especial de Fiscales del caso Odebrecht, cuando se conoció que Fuerza Popular había recibido aportantes no declarados para su campaña, entre ellos de la empresa brasileña Odebrecht, cabeza de una megacorrupción en America Latina que involucro a varios gobiernos de la región, pero que solo en el Peru varios expresidentes fueron condenados a prisión. Por el Caso Cocteles, se acusó a Keiko Fujimori, de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Aparte de ella, también fueron procesados Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, además del partido Fuerza Popular y hasta su por entonces esposo Mark Vito. Esos recursos entregados por Odebrecht – argumento la fiscalía - habrían sido ‘justificados’ mediante actividades como cócteles, en uno de los cuales Fuerza Popular dice haber recaudado más de un millón de dólares para la campaña presidencial, mediante el “pitufeo”, es decir, el fraccionamiento de aportes en montos más pequeños para no levantar alertas de las autoridades. De acuerdo con la acusación fiscal, se estima que Fuerza Popular habría recibido en forma indebida cerca de 17 millones de soles para ambas campañas presidenciales. Pero con el pretexto que “el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba vigente al momento de los hechos” la Corte Superior Nacional ordenó dejar sin efecto ese juicio en octubre del 2025, tras conocerse la cuestionada resolución del fujimorista Tribunal Constitucional, y archivado en enero del 2026. Al respecto, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que la decisión del TC sobre el caso Cócteles había generado un conflicto en el sistema de justicia y criticó que hubiese dado un trato diferente a casos similares. Advirtió que el TC ha vulnerado el artículo 139.2 de la Constitución Política, que establece que “ninguna autoridad puede interferir en un proceso en curso”, pero tratándose del fujimorismo acostumbrado a interpretar las leyes a su antojo buscando la impunidad para sus crímenes pasados y los que vendrán, de ello no hay ninguna duda - más aún si tiene bajo su control el TC y casi todas las instituciones del Estado, a pesar de que hipócritamente la Señora del Kaos dice “que no gobierna” - todo es posible. Desde entonces, como la “santa patrona de la Korrupción” (con K de Keiko) busca el poder total y acceder a Palacio el próximo 7 de junio, para no soltarlo jamás. ¿Los peruanos se lo permitirán?
